Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsan un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para solicitar la comparecencia del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Humberto Benítez Treviño, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Lo anterior para que responda por el “abuso de autoridad” y el “tráfico de influencias” cometidos en prejuicio del restaurante “Máximo Bistrot” de la colonia Roma de la ciudad de México.
La secretaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Lizbeth Rosas Montero (PRD) informó que este miércoles se propondrá el punto de acuerdo, en la primera reunión de la Comisión Permanente en el Senado.
Recordó que el pasado viernes 26 de abril Andrea Benítez, hija de Humberto Benítez Treviño, “molesta porque no se le asignó una mesa que ella deseaba, solicitó de manera arbitraria se realizara una clausura del restaurante Maximo Bistrol de la colonia Roma, la cual procedió de la misma forma”.
El hecho de que verificadores de la Profeco “se constituyeran en el lugar del restaurante, sin que se mediaran los trámites de ley, y la posterior aceptación y disculpas en redes sociales, tanto de la ciudadana Andrea Benítez como del propio procurador, aunado a que de hecho se procedió con la suspensión laboral, confirman la existencia y veracidad de los hechos”.
La legisladora señaló que estos hechos, lejos de encontrarse en el ámbito del terreno personal, propios de las disculpas, se encuentran en el ámbito del servicio público, que compete por un lado a las autoridades administrativas, pero por el otro lado también a las autoridades judiciales.
Lizbeth Rosas dijo que por ello solicitará citar comparecer a Benítez Treviño ante la Comisión Permanente y exhortó respetuosamente a la presidencia de la Mesa Directiva de la misma a realizar los trámites correspondientes para la cita con el funcionario durante la primera quincena de este mes de mayo.
Argumentó que Andrea Benítez otorgó disculpas, que es correcto moralmente, más aún no se satisfacen los instrumentos jurídicos que nos rigen a todos los mexicanos, las leyes “Y en este caso, las disculpas y la aplicación de la ley no es excluyente una de otra”.
Sobre todo, explicó, faltan las sanciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“Por ejemplo, en el artículo 215 del Código Penal Federal, cuando se comete el delito de abuso de autoridad de los servidores público incurren en las siguientes conductas: Al que comete el delito de abuso de autoridad en los términos previstos en las fracciones I a V y X a XII se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de cinco hasta trescientos días de multa y la destitución a inhabilitación de uno a ocho años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión en el gobierno federal.
“Cuando se comete el “tráfico de influencias”, previsto en el artículo 221 del mismo código, se le impondrá de dos años a seis años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
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