Organizaciones criminales encargan a menores de edad asesinatos,
extorsiones y otros delitos, a sabiendas de que son inimputables o
enfrentarán penas reducidas
Osados e implacables, atacan con rapidez, ejecutan el trabajo
“sucio” y progresan, a sangre y fuego, como pistoleros en las
estructuras del crimen organizado para convertirse en un nuevo rostro de
la violencia en Guatemala: son el sicariato infantil y adolescente.
Niños de 10, 11 o 12 años apenas cumplidos aceptan desplegar misiones
de alto riesgo al servicio de las mafias, a sabiendas de que, por ley,
son inimputables. Adolescentes de 13 a menos de 18 años también realizan
tareas para la delincuencia organizada y aunque deben enfrentar seis
años de cárcel como sanción penal máxima por sus actos, las redes
mafiosas les prometen que asumirán la manutención de sus familias
mientras estén en prisión.
“Lo que es definitivo es que cada vez hay más menores de edad
involucrados en homicidios y feminicidios y eso nos preocupa”, reveló el
guatemalteco Carlos Pérez, juez de Ejecución de Medidas de Jóvenes en
Conflicto con la Ley en Guatemala, en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Si un menor de 13 años mata a alguien, sólo hay responsabilidad
civil de los padres. Pero el hecho queda totalmente impune, porque la
responsabilidad penal empieza a los 13″, explicó, al señalar que el
escenario varía con los adolescentes, en un país en el que la mayoría de
edad se obtiene a los 18 años.
“Muchas veces, la organización criminal decide que algunos de los
delitos más graves los cometerán adolescentes, porque su sanción es
menor que la de un adulto. Se ha dado el fenómeno de que la organización
criminal ayuda a la familia de quien va privado de libertad y
evidentemente va ser mejor ayudar durante seis años como máximo a la
familia de un adolescente, que por 12, 15, 18 o 20 años a la de un
adulto”, relató.
Pérez y un grupo de especialistas guatemaltecos consultados por este
diario coincidieron en que, por lo general, niños y adolescentes sólo se
involucraban antes en delitos de bajo impacto, como pequeños robos
callejeros -les apetecían los lentes de marcas famosas- o romper los
vidrios de automóviles para robar radios, entre algunos hechos ilegales.
“Pero poco a poco, las acusaciones a menores por homicidios,
feminicidios, asociaciones ilícitas, secuestros, plagios, extorsión y
otros delitos graves han ido incrementándose”, relató el juez, al
ratificar que lo que está sucediendo en Guatemala “es que hacen el
trabajo más sucio”.
“El fenómeno se da por la instrumentalización de la niñez y de la
adolescencia por parte del crimen organizado, en narcotráfico y otros
hechos delictivos. Es un efecto de la falta de políticas públicas que
garanticen a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad,
bajo desventajas socioeconómicas, construir proyectos de vida adecuados y
dignos”, alegó el guatemalteco Zoel Franco, director de Niñez y
Adolescencia del (no estatal) Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala.
En entrevista con EL UNIVERSAL, denunció que “el crimen organizado
encuentra en la población de estos sectores bastante semilla de cultivo
para utilizar a niñez y adolescencia en sus delitos”.
Exclusión social
Un informe de la Secretaría de Bienestar Social del gobierno de
Guatemala que fue entregado a este periódico mostró que, al 19 de
septiembre anterior, la población de los centros guatemaltecos de
privación de libertad para menores de 18 años era de 655 hombres y 55
mujeres, para un
total de 712 personas, de las que 340 ya están sancionadas.
Franco adujo que aunque la cifra es relativamente reducida, “la
preocupación es otra: ¿Por donde está pasando la política criminal del
Estado?”.
La Secretaría no respondió a preguntas de este rotativo acerca de que
el gobierno guatemalteco carece de planes de prevención de delincuencia
en menores y desatiende áreas urbano-marginales de donde surgen niños y
adolescentes atrapados por la criminalidad.
“En cada niño involucrado en estas actividades vamos a encontrar
historias de pobreza, pobreza extrema, pocos servicios para satisfacer
necesidades básicas, hogares desintegrados y monoparentales, mucha
migración que también genera desintegración familiar, maltrato por
acción o por omisión, no asistir a la escuela o tener que dejarla”,
afirmó el guatemalteco Marvin Rabanales, asesor jurídico del Instituto
de Protección Social de Guatemala (no estatal).
“En cada historia de estos niños encontraremos una isla rodeada de
omisiones que son el caldo de cultivo ideal para el crimen organizado”,
alertó Rabanales, en entrevista con este diario.
Con más de la mitad de sus 13.5 millones de habitantes golpeados por
miseria general y extrema, Guatemala sufre un deterioro social y “los
valores han quedado debajo del colchón”, dijo.
“Es una sociedad muy consumista que idealiza ‘el tener’. En esos
espacios, niños y adolescentes son fácilmente atraídos por la
delincuencia, que les ofrece ingresos que no pueden obtener de otra
manera que no sea con la delincuencia. Al no tener acceso a la
educación, a actividades públicas, pues evidentemente procuran esos
bienes, esos ‘satisfactores’, por el lado fácil, que es dedicarse a la
delincuencia”, puntualizó.
Al insistir en que “cada vez más niños se involucran en el crimen
organizado”, describió que son muchos los menores de 13 años que
realizan actividades mafiosas “específicas”, como vigilancias, cobro de
extorsiones y, “en algunos casos, se ha documentado sicariato, por su
inimputabilidad absoluta”.
¿Subir las penas?
La guatemalteca Nidia Aguilar del Cid, quien durante 10 años, y hasta
agosto pasado, fue Defensora de la Niñez en la Procuraduría de Derechos
Humanos de Guatemala, informó a EL UNIVERSAL que “en los últimos tres
años, tal vez de forma más repetida, hemos visto que muchos niños de 11 y
12 años atacaron a personas por venganza, por pleitos de ‘maras’
(pandillas) o de drogas”. Muchas veces, advierte, “las autoridades lo
primero que piensan es que hay que bajar la edad (de 13 años) de los que
pueden ser acusados penalmente. Pero hay que ver la contraparte. Son
niños orillados, obligados”, aseguró.
Las mafias les amenazan con que si se niegan a hacer las tareas
criminales, “algo le pasará a sus familias, porque los tienen ubicados y
los presionan”, aseveró.
Con la reducción de la edad límite y someterles a sanción penal,
“afectaríamos a adolescentes que no están haciendo nada por unos pocos
especiales que hay. La visión debe ser la de proteger a la mayoría de la
población”, agregó.
Por todo esto, más que bajar el rango de edad para poder acusar
penalmente a niños, Aguilar planteó que lo que se necesita es “perseguir
a los adultos que están en el crimen organizado y que son los que les
procuran las armas a los menores de edad y los que los obligan, a veces,
a matar a alguien”.
Y en eso, son rápidos y osados.
El “suplicio de las uñas”
Las estructuras policiales que existieron en Guatemala hasta 1996,
cuando se firmó la paz para acabar con 36 años de un conflicto armado
que estalló en 1960, ganaron fama por una despiadada táctica de acoso
tanto a niños como a adolescentes de las zonas marginales, en especial
de la capital guatemalteca.
En una costumbre que proliferó en la década de 1980, policías
corruptos advertían a niños y adolescentes que si se negaban a pagarles
sobornos o a estar a su servicio para cumplir tareas delincuenciales,
les aplicarían el “suplicio de las uñas”: arrancarles las uñas de sus
dedos con una tenaza o un alicate, herramientas de uso cotidiano en sus
labores de tránsito.
“El mecanismo represalia-miedo se mantiene en Guatemala”, dijo el
guatemalteco Zoel Franco, director de Niñez y Adolescencia del (no
estatal) Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de
Guatemala.
Las prácticas policiales de agresión a niños y adolescentes se han
reducido, aunque tampoco han sido erradicadas por completo, aclaró.
“El miedo es una forma de control social efectivo, permite mantener
un ‘status quo’ de determinado grupo de interés y niños y adolescentes
no escapan, pero es preocupante cómo están siendo violentadas, con
muertes violentas de niños y adolescentes”, relató el funcionario.
Viejos hábitos policiales, como “el asesinato de niños”, propiciaron
que Guatemala reformara, hace varios años, la legislación sobre niñez y
adolescencia, recordó.
Sin embargo, los abusos policiales a menores de edad han proseguido,
si bien en algunos casos se ha hecho justicia, como cuando policías
fueron encarcelados por asesinar, dentro de una patrulla, a varios
jóvenes que detuvieron en la capital.
“Es una cuestión recurrente que se da, pero muchos tienen miedo a
denunciar. La policía tiene una estructura de control y de ubicación que
en un momento dado, cuando hay agentes involucrados, puede ser
utilizada fácilmente para eliminar a quien los denuncie”, lamentó.
